Desde CGT Enseñanza-Madrid exigimos al Gobierno que dentro de las competencias que le otorga la Constitución Española, impugne ante el Tribunal Constitucional la orden 1142/2022 de 10 de mayo de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para el estudio de Bachillerato en la Comunidad de Madrid.
Entendemos que estas mal llamadas becas contravienen los principios de igualdad que se propugnan en el texto, en especial el artículo 9.2. “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”
Los destinatarios de estas becas-cheque son familias con rentas altas, puesto que el alumnado receptor tiene que pertenecer de antemano al centro privado. Además, el dinero recibido no cubre el total de la cuantía de la matrícula, por lo que las rentas más bajas no podrán en ningún caso acceder a estos centros, cuyas cuotas son elevadas. Esto contraviene lo dispuesto en el artículo 1.1 al propugnar como valores del ordenamiento jurídico entre otros, la igualdad, así como el derecho fundamental a la igualdad ante la ley que protege el artículo 14 de la CE.
Es de destacar también la sentencia del TC 86/1985, que establece que el derecho a la educación gratuita no significa que los recursos públicos hayan de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales.
Lo que busca esta orden es regalar dinero público (43.497.750€)a los centros privados, con el perjuicio que supone este desvío de fondos para la escuela pública, que se ve privada de los recursos necesarios mientras se alimenta un modelo educativo basado en la segregación.
Entendemos que entre los objetivos neoliberales de Ayuso está la estratificación de la sociedad, que pasa por la precarización de los servicios públicos, pero no podemos entender la escasa resistencia que presenta el “Gobierno más progresista de la historia” a sus constantes ataques a los fundamentos del supuesto estado del bienestar.
DINERO PÚBLICO PARA LA PÚBLICA. LA EDUCACIÓN NO ES UN NEGOCIO.
