Recientemente, tanto la Consejería de Educación como los integrantes de varios colectivos de la comunidad educativa han llamado a la responsabilidad a este y otros sindicatos convocantes de una huelga del profesorado para inicio de curso. Lo han hecho de forma radicalmente diferente, como es de esperar.

Respecto a la Consejería de Educación no podemos sino responder que la hemos convocado precisamente por eso, por responsabilidad hacia el colectivo docente, que llevaba esperando desde el pasado junio la asunción de medidas por parte de esas mismas autoridades. Es innegable que la respuesta de la Consejería ha sido debida a esta presión, como también es innegable que la presentación de estas improvisadas medidas solo intenta frenar la movilización percibida en toda la comunidad educativa. Lo demuestra un análisis somero:

• A pesar de la inquietud constante de la comunidad educativa, no se había hecho pública ninguna de estas medidas hasta la convocatoria de huelga. A fecha del anuncio, el portal de transparencia de la CAM solo contenía el Proyecto de Orden de la Consejería de Educación y Juventud por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la C. de Madrid para la organización del curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, sujeto a periodo de alegaciones. Ninguna de estas medidas se apuntaba en él; en su memoria normativa puede leerse “5.1 Impacto económico y presupuestario: Al tratarse de un proyecto normativo de carácter didáctico y curricular, y dado que la modificación horaria regulada no afectará a la necesidad de recursos humanos al tratarse de una redistribución de las horas curriculares semanales de las asignaturas, por tanto, no se prevé impacto alguno en el ámbito económico …”
• De lo anterior se desprende que la reducción de la ratio por aulas no estaba prevista en la asignación de cupos, lo que ha forzado a improvisar cambios en la redistribución de los grupos y de ahí el retraso en el inicio de curso, que no se habría producido de haber sido prevista la contratación de profesorado con la antelación necesaria.
• La inexplicada distribución de fechas de inicio en los diferentes niveles, que parece obedecer más bien a una calculada fragmentación del profesorado convocado a huelga, en un intento de minimizar la repercusión de la protesta.

Todo ello, nos hace ser muy cautos en la atribución de credibilidad a las medidas anunciadas, pues más parecen encaminadas a frenar la crítica a su gestión de gobierno que a solucionar el grave problema que supone la vuelta a las aulas, y es de nuevo la responsabilidad, la que nos obliga a mantener la convocatoria de huelga tras un periodo razonable para constatar su puesta en marcha y la voluntad real de las autoridades educativas.

Respecto a los colectivos que nos han instado en los últimos días a convocar esta huelga en tantos formatos y extensión como participantes los integraban, hemos de contestar que no es una improvisación, sino el fruto de un proceso de asambleas, contactos y negociaciones complejas que comenzó ya en junio pasado. Nos parece sano e imprescindible que en una sociedad los ciudadanos debatan, se agrupen, manifiesten sus opiniones y se organicen para alcanzar sus objetivos, de hecho, eso es un sindicato, una agrupación de trabajadores que libremente se han dotado de una organización y de unos estatutos que les dan cohesión. No conocemos ningún logro en el mundo laboral que no haya llegado gracias a la lucha sindical, pero sí sabemos de los esfuerzos del neoliberalismo por desacreditar a los sindicatos con el fin de anular la única resistencia posible contra sus políticas.

En nuestro caso, en CGT, la responsabilidad que se nos exige es la de obrar de forma asamblearia y todos nuestros afiliados saben que pueden participar en unas asambleas en las que su voto vale lo mismo que el de cualquier otro, sea cual sea su cargo dentro del sindicato. De hecho, la postura de CGT ha sido consultada a la afiliación mediante encuesta remitida por correo, y llevados sus resultados a la negociación con el resto de los sindicatos convocantes; posteriormente, el cambio de escenario provocado por el aplazamiento del inicio de curso fue analizado en una asamblea del pasado 25 de agosto, donde se aprobaron por mayoría los acuerdos que se llevaron a la reunión Intersindical de los grupos convocantes, resultando aceptadas en él las propuestas decididas por nuestra afiliación. No es nuestra forma de proceder, ni puede serlo, hacer oídos sordos a nuestra asamblea y adoptar decisiones distintas empujados por grupos espontáneos creados al calor de iniciativas en redes sociales.

En CGT otorgamos credibilidad a nuestra asamblea, compuesta por profesionales que llevan años comprometidos con la defensa de la comunidad educativa, mostramos responsabilidad a nuestra afiliación.